Están en el limbo 74 mil personas; la ONU abordará mecanismo de identificación

Cifras oficiales indican que en el país hay 37 mil 506 desaparecidos y alrededor de 36 mil 708 cuerpos, en morgues y de fosas clandestinas, que no han sido identificados.

CIUDAD DE MÉXICO.

En México hay 74 mil 214 personas cuyos familiares no tienen certeza de dónde están o qué pasó con ellas, de acuerdo con cifras oficiales.

De ese total, 37 mil 506 forman parte del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

Excélsior consultó esta plataforma, en la que se señala a Tamaulipas como la entidad federativa que registra mayor número de personas en esta condición. Le siguen el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Puebla, Guerrero y Coahuila.

En enero, Roberto Cabrera, entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó que en la Plataforma México había registros por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar.

Se trata, en su mayoría, de cuerpos que yacen en semefos y corresponden a indigentes, víctimas de accidentes o enfrentamientos ligados al crimen organizado, así como restos óseos, osamentas y cuerpos localizados en fosas clandestinas.

En tanto, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reúne hoy en privado con familiares de desaparecidos.

En el encuentro, en Santillo, Coahuila, se abordarán los obstáculos que hay para buscar a los extraviados, así como un protocolo de identificación forense.

 

Atrapa limbo a 74 mil personas en México; fallan protocolos 

Del total, 37 mil 506 están desaparecidas y 36 mil 708 cuerpos no han sido identificados, de acuerdo con cifras oficiales.

En México, 74 mil 214 personas se encuentran en el limbo pues, según cifras oficiales, 37 mil 506 están desaparecidas y 36 mil 708 más fallecidas, las cuales no habían sido identificadas hasta enero pasado.

De acuerdo con autoridades y fiscalías estatales, la mayoría de los cuerpos que llegan a los semefos corresponden a indigentes o personas en situación de calle, accidentes, enfrentamientos delincuenciales y crimen organizado, entre otros.

Cabe recordar que en enero pasado, el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, señaló que 36 mil 708 personas fallecidas —vinculó la cifra a la Plataforma México— se encontraban sin identificar.

En una consulta realizada por Excélsior al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), esta plataforma reporta a 37 mil 506 personas desaparecidas.

Según el RNPED, Tamaulipas es la entidad que registra mayor número de personas extraviadas o desaparecidas, con seis mil 131, le sigue el Estado de México, con tres mil 890, después Jalisco, con tres mil 362, Sinaloa (3,042), Nuevo León (2,919), Chihuahua (2,211), Sonora (2,169), Puebla (2,073), Guerrero (1,807), Coahuila (1,779), Michoacán (1,269), Baja California (1,050), Veracruz (801), (Ciudad de México (798), Guanajuato (621), Colima (595), Zacatecas (515), Durango (424), Querétaro (285), Morelos (259), Aguascalientes (232), Oaxaca (227), Hidalgo (177), Chiapas (118), Nayarit (148), Yucatán (102), Morelos (259), San Luis Potosí (105), Tabasco (76), Quintana Roo (68), Baja California Sur (40), Campeche (35) y Tlaxcala (27), así como “no disponible” 33, “no especificado 29 y extranjeros 35.

Por lo que si se comparan las cifras del RNPED (37 mil 506) con las dadas a conocer por  Cabrera (40 mil 180) hay una diferencia de dos mil 674 personas sin estar en la plataforma oficial de Personas Extraviadas y Desaparecidas, por lo que no se puede saber dónde fueron vistas por última vez, edad y su género.

 

Los olvidados

Mientras que en el caso de las personas no reclamadas por sus familias, el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), afirmó que en la Plataforma México había el registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar.

La mayoría de quienes llegan a los semefos del país fueron víctimas de accidentes, indigentes, personas en situación de calle, cuerpos hallados en la vía pública y miembros del crimen organizado que murieron en enfrentamientos, además de restos óseos, osamentas y cuerpos localizados en fosas clandestinas.

En un análisis realizado por este diario, se constató que la mayoría de las fiscalías, semefos o Institutitos forenses de los estados no tienen una página web para la búsqueda de personas que se encuentran sin identificar o las cifras que brindan corresponden hasta el año pasado.

En entrevista con este diario, una fuente del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), ubicado en la Ciudad de México, que pidió el anonimato, señaló que hay dos situaciones que han originado el gran aumento de cuerpos en los semefos que no han sido reclamados.

“La primera es la violencia, la generación de este fenómeno que se ha dado en toda la República es demasiada y, la segunda, el hecho que también no tengamos un sistema de identificación universal. El sistema de identificación lo posee la Cruz Roja Mexicana, el Semefo y ahora la Fiscalía General de la República; sin embargo, no se ha unificado.

“A esto se suma que hay muchos desaparecidos, pero muy pocas denuncias, lo que ha ocasionado un alto índice de personas fallecidas que terminan en la fosa (común)”.

De acuerdo con dicha fuente, al año ingresan a este centro aproximadamente cuatro mil cuerpos a los semefos, de los cuales 40% no son reclamados, por lo que son enviados a la fosa común o a institutos para la docencia, como universidades y escuelas de medicina, aunque después de cierto tiempo tienen que enviar a la fosa común los cadáveres.

En el caso del resto de la República, los estados que tienen registros de personas no reclamadas, perfiles genéticos, cuerpos enviados a la fosa común, osamentas o restos óseos son Chihuahua que, de acuerdo con diarios locales, sumó cerca de tres mil 770 cuerpos de 2007 a 2018 que no fueron reclamados y que se enviaron a la fosa común.

En el caso de Baja California, un conteo hasta 2018 arrojó que tres mil 17 personas no fueron reclamadas, aunque las autoridades aseguraron que durante los meses de enero a agosto del año pasado, en el Servicio Médico Forense de Tijuana ingresaron dos mil 725 cadáveres. De este promedio, 700 fueron sepultados en la fosa común y los otros dos mil fueron reclamados por sus familiares.

Sinaloa reporta en su página del Servicio Médico Forense (Semefo) a mil 167 personas que no han sido reclamadas, restos óseos y osamentas, entre otros.

El Estado de México anotó hasta octubre del año pasado a tres mil 275 personas no reclamadas.

En Nuevo Léon, de 2010 a 2017 fueron enviados a la fosa común mil 428 cuerpos.

En Coahuila, colectivos de personas desaparecidas y personal de la Fiscalía estatal han recuperado 130 mil restos óseos. Las actividades de Grupo Vida iniciaron en enero de 2015 y cobró identidad legal, lo que le permitió buscar apoyos de asociaciones internacionales para continuar con búsquedas terrestres que permitieron ubicar sitios de exterminio.

De 2006 a la fecha fueron enviados a la fosa común 520 cadáveres, sin que se tomaran muestras de ADN para su identificación, pese a que 70% fue violento y 30% por causas naturales.

 

Alternativa

En Guerrero, ante la saturación de los tres semefos del estado, a finales de 2018 se decidió establecer una alternativa de almacenamiento a los 750 cuerpos que se tenían en esos momentos, establecer un cementerio forense.

En Tamaulipas, la Procuraduría General de Justicia del Estado en su momento reveló contar con 282 que se encuentran en todo el estado entre cuartos fríos y enterrados en fosas comunes.

Respecto a los que se hallan en las fosas comunes y no en gavetas son 265, de los cuales 254 son del sexo masculino, cinco femeninos y seis no determinados.

En los trabajos realizados se recolectaron 766 muestras genéticas de fragmentos óseos, así como también se han recabado 307 muestras referenciales de familiares que han acudido a denunciar una desaparición o que han donado su muestra de sangre.

En un sexenio, Guanajuato contabilizó 518 cuerpos que no fueron identificados, por lo que fueron destinados a la fosa común.

Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, la Fiscalía General del Estado también acumuló 600 perfiles genéticos, producto de cuerpos incompletos, fragmentos y osamentas encontradas, que tampoco se sabe a quién pertenecieron.

En Jalisco, 489 personas han sido inhumadas hasta el momento y 470 cuerpos están en espera de ser reconocidos por sus familiares.

Hidalgo ya envió a 265 cuerpos a la fosa común y 60 más están en el Semefo en espera de ser reclamados.

Otros estados que reportan cuerpos en esta situación son Colima (11), Michoacán (301) y Aguascalientes (17), Veracruz (598). En la mayoría de los casos las fiscalías señalaban no contar con esa información.

 

Los desconocidos

Para el médico del Incifo, las fosas clandestinas son una importante proveedora de cuerpos, restos óseos u osamentas al mundo de desconocidos, pues indicó que a los servicios forenses ingresan, al menos, semanalmente, entre 15 y 20 cadáveres.

Los estados que más cuerpos, restos óseos y osamentas ingresan son Veracruz, Tamaulipas, Colima e Iguala (Guerrero), Ciudad Juárez (Chihuahua y Tijuana (Baja California). Resaltó que Veracruz es una mina de cuerpos enterrados en fosas clandestinas.

Expuso que el resto de los estados, aunque en menor medida, no se salvan, pues señaló que “la República está sumergida en una gran fosa”.

Resaltó que la cifra de personas no identificadas podría ser mayor a las oficiales, dado que en el caso de estados violentos es imposible acceder a ciertas zonas para recoger cuerpos, restos óseos u osamentas, como Guerrero, “que es uno de los estados más violentos a escala mundial, ahí está tremenda la situación”.

“Uno a veces no puede ni refutar el trabajo de identificación, por la (situación de) violencia, uno no puede ni ir a recoger un cuerpo, se les dificulta a los peritos. Con una situación tan adversa, los peritos no se pueden arriesgar a acudir a ciertas zonas.

“Llega gente mañosa y les dice ‘no debes estar aquí, aquí no vas a encontrar nada’”.

El médico narró que México tiene un gran número de desaparecidos, de gente que se encuentra en los Semefo sin ninguna clase de identificación. Además de que aún no existe una plataforma que recopile datos de los cuerpos no identificados.

Cabe destacar que en marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los Semefo del país había 26 mil personas sin ser reclamadas, aunque no se desglosó por estado el número de cadáveres.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, resaltó que el nuevo gobierno heredó de administraciones pasadas más de 40 mil personas desaparecidas.

Con información de Carlos Coria, Arturo Salinas, Aracely Garza, Miguel García Tinoco, Adriana Luna, Dalila Ramírez, Patricia Briseño, Gaspar Romero, Rolando Aguilar, Lourdes López, Andrés Guardiola, Emmanuel Rincón y Karla Méndez

El dato

  • Con las características y la edad proporcionada por los familiares, autoridades o conocidos, se van cotejando los cadáveres de los desaparecidos.
  • De ahí se inicia para identificarlos visualmente, por parte de los que así lo requieren.
  • Después se realiza la identificación, por vía dactiloscópica, odontológica y antropológica.
  • Lo anterior, “porque por protocolo se debe sustentar la identificación, además de los protocolos que se manejan en el Incifo, que son demasiado estrictos, según la institución.
  • Cuando ingresan los cadáveres en calidad de desconocidos se les tienen que tomar las huellas dactilares, un estudio antropológico y antropométrico y el estudio odontológico. Esos son los factores que intervienen en la identificación.
  • Cuando siguen en calidad de desconocidos y no son reclamados se van a la fosa común.
  • Los cadáveres que están en los Semefo permanecen entre dos y tres semanas, si no, se van a la fosa común.
  • Hay cuerpos que se mantienen más tiempo, porque así lo ordenó alguna autoridad.

 

Murió por no encontrar a su hija

CIUDAD VICTORIA.– Rosa “N” era una prominente comerciante que radicaba en la zona centro del estado de Tamaulipas y vivió el momento horrible cuando un grupo armado llego a su negocio y se llevó a su hija Dulce, la más pequeña de la familia.

“Los rostros de quienes se llevaron a mi hija jamás se me olvidarán. Cuando llegaron al negocio andaban sin capuchas y solamente dijeron que venían por ella por órdenes del jefe de la plaza”, reveló la señora.

Dulce contaba con 21 años y tenía como meta estudiar la universidad, pero, debido a que la situación de inseguridad afectaba los negocios de sus padres, decidió suspenderlos y ayudarlos mientras se juntaba más dinero.

Su desaparición fue el 12 de mayo del 2012 y los delincuentes solicitaron 6 millones de pesos.

Como pudieron los juntaron y entregaron, pero nunca les entregaron a la joven.

“Mi esposo murió a causa de ese sentimiento (de pérdida); él nunca se doblegó y todos los días iba a buscarla a donde fuera”.

“Había gente que le decía que la habían visto en cierto lugar y luego en otro. Se salía y se iba. Anduvo entre los montes y las nopaleras nunca descansó en hacerlo”.

La señora le prometió en su lecho de muerte que la encontraría.

Poco a poco se convirtió prácticamente en un investigador privado.

Realizaba sus pesquisas y comenzó a buscar en diferentes puntos, sin pensar que con el tiempo se convertiría en una de las dirigentes de un grupo de desaparecidos.

Otros familiares con la misma situación decidieron seguirla y se convirtieron en rastreadores al punto de que hasta la fecha han localizado más de 100 cadáveres, así como de 25 y 30 mil muestras.

El esfuerzo por encontrar a su hija, sin éxito, la ha llevado a realizar búsquedas en todo el Golfo de México.

Alfredo Peña

TENÍAN SU CUERPO Y NO AVISARON

SAN FERNANDO.— Han pasado ocho años, pero para Gloria “N”  todos los días son iguales,  como ése, en el que su hijo Carlos  desapareció.

Un grupo armado se lo llevó y como cosa del diablo se esfumó, sin saber durante seis años de su paradero.

Gloria (nombre ficticio por protección) denunció la corrupción entre  las autoridades policiales y negligencia en  la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Platicó que su hijo  se ganaba la vida como obrero en una maquiladora y que en ese tiempo se vivía “el toque de queda”, que los delincuentes habían impuesto en la ciudad tras la cruenta lucha que protagonizaban entre el  Cártel del Golfo y Los Zetas.

“Aquí nadie podía andar en la calle, el pueblo era de ellos. Tanto en el día como en la noche andaban en las camionetas encapuchados”.

El viernes 3 de marzo del 2010 el obrero salió en su coche a dejar a unos amigos a sus domicilios, ya era de noche y horario prohibido.

Para mala suerte  se encontró con sus captores en un retén impuesto en la plaza principal del pueblo.

De ahí empezó la pesadilla para la familia.

“Mi nieto no se acuerda de él, se lo llevaron cuando tenía dos años, mi esposo se enfermó de los nervios y mis hijas vivieron un infierno”.

Gloria, por buscar a su hijo, perdió todo, hasta su trabajo. Denunció en la policía, pero estos la corrieron de la comandancia.

“Tomabas un vaso de agua, la comida, el frío, todo te hacía pensar si estaba bien”.

Por si fuera poco, la PGJT cometió una serie de negligencias, según denunció, ya que en dos ocasiones le tomaron la prueba de ADN y nunca le dijeron sobre su paradero.

Tuvieron que acudir forenses argentinos para poder saber de él.

Finalmente, después de andar viendo caras de funcionarios que le aseguraban no tener nada, llego el día; en el mes de mayo del 2017 los argentinos le notificaron que el cuerpo siempre lo tuvo la PGJT y estaba en una fosa común.

“Cuando sucedió lo de los 72 migrantes, encontraron fosas y los restos de mi hijo se los llevaron a Ciudad Victoria. Los depositaron en una fosa común y nunca me avisaron”, manifestó.

“Como nadie los reclamaba creyeron que era un migrante y los restos se los llevaron a México los argentinos. “Finalmente, en julio de hace dos años, me lo dieron”, concluyó.

Alfredo Peña

PERDIERON SUS RESTOS EN LA FOSA

XALAPA.— En mayo de 2011, Gemma Mávil, de 25 años, salió de su domicilio en el municipio de Xico para una entrevista de trabajo, pero fue secuestrada. Sus captores exigieron el pago de un rescate, pero al final fue asesinada. Desde esa fecha, su padre, Pedro Mávil comenzó su búsqueda, porque, si bien su cadáver fue encontrado, a su familia no se lo reportaron y el único registro que quedó disponible fue el de sus restos en una fosa común en el panteón municipal de Palo Verde.

“Pero no los encontramos. Inclusive en ese tiempo asistió el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras a una tercera exhumación, pero lamentablemente no la encontramos”, narró don Pedro Mávil.

Al seguir las líneas de investigación iniciadas por las autoridades, encontraron que no había sido inhumada como lo intentaban hacer creer dos personas, que actualmente están vinculadas a proceso, dos exfuncionarias que estuvieron en la Fiscalía General y actualmente están en cargos similares, una a nivel federal, en la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y otra en el nivel estatal. Por este motivo, indicó don Pedro, el asunto no avanza.

A Gemma Mávil sí la encontraron, sus restos fueron trasladados junto con los de dos varones y supuestamente tendrían que haber ingresado a la fosa común, tal como lo anotaron en el libro del forense, pero los restos no llegaron al sitio. Una voz al interior de la Fiscalía General, denunció en su momento que algunos restos eran vendidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, para las prácticas.

Todo indica que Gemma fue víctima muchas veces: de sus secuestradores, que también fueron sus victimarios; luego, de la Fiscalía en ese entonces poblada de restos humanos, que eran recogidos rápidamente para no crear un clima de incertidumbre entre la población, y de malos elementos, que eran parte de la estructura de la procuración de justicia, que se dedicaron a negociar cadáveres.

Hasta donde se ha logrado conocer, hay investigaciones iniciadas, pero también hay expedientes y libros de periciales “extraviados”, que contenían datos relevantes de cadáveres que fueron registrados, pero que ya no están en fosas comunes y que terminaron incinerados en la escuela de Medicina.