Qué son los delitos electorales y cuáles son las penas en México
Este martes, autoridades de Nuevo León detuvieron al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales, pero qué son estos y cuáles son las penas que se imponen en México.
De acuerdo con la Fiscalía Electoral de México, los delitos electorales son aquellas actos u omisiones que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral contra las características del voto que debe ser universal, directo, personal, secreto e intransferible, contrarios a la ley electoral y sancionados penalmente.
Los delitos electorales los pueden cometer desde cualquier persona, hasta funcionarios, candidatos, organizaciones y ministros de culto.
De todos los casos, se considera delitos electorales cuando ya sea por su persona o por encargo proporciona fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral.
¿Cómo se castigan los delitos electorales?
Las penas que se imponen a los funcionarios o personas por delitos electorales están contempladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales en México, la cual, entre sus artículos indica las penas por estos delitos.
Cuando son cometidos por particulares, las penas pueden ir de mil a cinco mil días de multa y cinco años de prisión cuando realice, destine, o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de un precandidato, candidato, partido político, coalición, agrupación política cuando haya una prohibición legal o cuando los fondos o bienes tengan origen ilícito o en montos que rebasen el tope permitido por la ley.
En el caso de que los delitos electorales los cometan funcionarios o candidatos o servidores públicos, el castigo de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años o de 200 a 400 días de multa y de dos a nueve años de cárcel, respectivamente.
En el caso de “El Bronco” quien seguirá su proceso en el penal de Apodaca, presuntamente presionó a trabajadores del gobierno de Nuevo León para reunir el millón de firmas requeridas para ser candidato independiente a la Presidencia en 2018.
Se indicó que al menos 25 dependencias y 600 empleados participaron en el caso de las llamadas “broncofirmas”.
Por este caso, las autoridades multaron a “El Bronco” con 739 mil pesos por la aportación ilegal de recursos por parte de empresas, calculadas en 12 mil millones de pesos durante la recolección de firmas, según calculó el Instituto Nacional Electoral (INE).
